The anti-moralist manifesto

El contubernio oligárquico ha encontrado su tema: la moral. No hay político «democrático» que no presente al gobierno como a una banda de facinerosos que logró mantenerse en el poder, gracias a la ignorancia de los más y al silencio impuesto sobre las minorías «ilustradas». ¿Cómo la oligarquía, la venal y corrupta oligarquía, se erige en custodio de la austeridad republicana y en censora atrabiliaria de sus enemigos, los gobiernos populares? Porque necesita aliados, un mínimo de pueblo, en suma, para poder triunfar. Va a buscarlos a la clase media, cuya debilidad y confusión explota, ocultando sus propios fines tras el canto de sirena de dos otras consignas eficaces.

La «moral» es una de ellas; vale decir, la lucha contra la «corrupción» del gobierno y sindicatos. Que se trata de un pretexto destinado a legitimar el alzamiento contra un gobierno de mayoría popular, lo dice quien lo esgrime: El grupo social más comprometido por sus fraudes, peculados y entregas. No obstante, el recurso obtiene resultados inmediatos e inflama el corazón de ciertos sectores de la pequeño-burguesía: Tienen éstos su lista de agravios contra el movimiento de las masas, justos algunos, hijos de la miopía o el resentimiento los más. La propaganda oligárquica moviliza este sector social a modo de fuerza de choque, tras banderas especiosas como «moralizar», «restaurar las libertades», etc.

Decía León Trotsky que cuando un pequeño-burgués habla de moral hay que echar mano al bolsillo, porque la cartera está en peligro. Pero el pequeño-burgués opera aquí -aunque no lo sepa- por cuenta ajena. La oligarquía aparenta un código estricto para juzgar a sus adversarios» llámense éstos Yrigoyen o Perón, Chávez o Correa. Pero, ¿Qué hay de ella?. La nobleza antigua simbolizaba en escudos el origen de sus linajes. De aplicarse el método a nuestra aristocracia terrateniente, junto a la vaca consabida, habría que poner una ganzúa. La historia de las tierras públicas, base de la fortuna y el poder oligárquicos, no es sólo «una historia de robos» sino de escándalos administrativos y complicidades gubernamentales. Bajo Rivadavia y Rosas, bajo Mitre y los gobiernos que lo sucedieron, los allegados al poder se abalanzaron sobre las tierras fiscales –las mejores y más extensas-, sin pagar un centavo o abonando precios irrisorios.

No hace mucho, un enemigo del peronismo / kirchnerismo ha tenido la franqueza de afirmar que Néstor Kirchner «nacionalizó el robo». Esta fórmula, que no aspira a ser cortés, encierra un panegírico. El sistema que caducó con la Alianza tenía sumido a nuestro pueblo al peor vasallaje de su historia; como resultado de improductivas servidumbres extranjeras, el país pagaba anualmente una suma que excedía en muchos millones el valor de nuestra producción. El peronismo -cuya política limitada y vacilante frente al capital extranjero es harina de otro costal- redujo ese drenaje agotador; aún admitiendo que los millones rescatados los hubiese acaparado en su totalidad (!) una burocracia ladrona, esa burocracia puso fábricas argentinas, dio trabajo a obreros argentinos, consumió productos argentinos, reactivó el proceso económico.

La oligarquía utiliza el peculado que acompaña a una política intrínsecamente justa, para filtrar sus propios objetivos, que ni son los del pueblo, ni están libres de pesada responsabilidad histórica. De este modo, conceptos claros se tergiversan, y no sorprenda que, confundidos los términos, como remedio de males nos propongan aceptar otros peores. ¿A qué obedece la moderna corrupción burocrática ? ¿Al fraude de los hombres o a la naturaleza de las instituciones? Sin responder con verdad a esta pregunta, mal puede aspirarse a una limpieza a fondo de tantos aprovechados y vividores como hoy pululan en la administración y en los gobiernos.

Quien se tome el trabajo de estudiar los vínculos entre los trusts y el poder político en los países imperialistas, encontrará que en ellos el Estado es sucursal de un puñado de monopolios. Jefes de estas gigantescas empresas ocupan puestos claves en la administración y el gobierno. Inversamente, los hombres públicos que «han cumplido» obtienen, al retirarse, alguna gerencia que les asegura la vejez. Para decirlo en pocas palabras, las burguesías yanqui-europeas, maduras y rapaces, gravitan decisivamente sobre sus Estados, y convierten la política en cárcel de obreros y flagelo de colonias. La burguesía, en aquellos países, crea el Estado, organizándolo a su imagen y semejanza.

A su vez, las naciones oprimidas, para romper o aligerar el yugo que las asfixia, necesitan concentrar al máximo sus energías políticas, económicas y culturales. Carecen de clases nacionales diferenciadas y maduras, y la presión imperialista obra como poderoso disociador. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a las burguesías nativas; en nuestros países existe una política nacional -reacción ante el insoportable vasallaje- antes de que aparezca una burguesía nacional madura. Pero mientras esa política no cuestione la estructura capitalista que, aunque atrasada, predomina en las semicolonias, tendrá un inevitable contenido burgués. De ahí que el Estado nacional, falto de una burguesía sobre la cual sustentarse, se vea en la necesidad de crearla por el doble método del proteccionismo y el aburguesamiento de la burocracia.

Este proceso, en cuanto tiene de corrupción, no es específico. La corrupción es el rasgo típico de todo Estado Burgués, por cuanto la sociedad capitalista, basada en la competencia, impele al enriquecimiento privado, no a la solidaridad social; lo que varía es la forma. En Estados Unidos la corrupción se manifiesta como influjo decisivo de los trusts sobre el gobierno, mediante sobornos, infiltración de adictos y «acomodo» de funcionarios en la industria privada. En las semicolonias el proceso es inverso: el Estado, buscando un apoyo burgués que no existe o es insuficiente, coloca a sus elementos en la jerarquía de la nueva clase de patrones industriales.

Por censurable que resulte el «sistema», el capitalismo burocrático es inherente a toda revolución burguesa en un país atrasado. Lejos de atenerse a una pasividad descriptiva, corresponde luchar por formas superiores, proletarias, de organización social. En último análisis, la verdadera lucha contra la corrupción pública, se liga a la conquista de un exhaustivo control popular sobre el Estado, la economía y la cultura. Pero cuando los agentes del gran capital vienen a moralizar contra la administración nacional como pretexto para empujarnos nuevamente a la dictadura del dólar o el euro, hay que responderles: «Señores, el pueblo mismo se encargará de barrer con las deformaciones burocráticas; de cruzar los límites burgueses de la revolución nacional. Pero mientras se elabora una conciencia colectiva a ese respecto (y por que así ocurra somos nosotros los que luchamos, no ustedes), preferimos que nos piquen las pulgas antes de que nos devoren los tigres disimulados de corderos».

La estrechez «moralista» conduce a descargar sobre determinados hombres las responsabilidades de un sistema, con lo cual una saludable dosis de inconformismo -que debió aplicarse a superar por adentro el proceso popular empujándolo más allá de su etapa burguesa-, pasa a gravitar en el bando opuesto, maniobrada por una oligarquía que no busca liquidar la propiedad burguesa sino afianzarla en sus formas más reaccionarias y parásitas: el capital imperialista y el latifundio. Este es el más grave cargo que merecen los apóstoles del moralismo, los Carrió y compañía que nos prometen un gobierno burgués limpio de polvo y paja. ¡Ridícula utopía de ingenuos o de pillos!.

La predisposición de la pequeña burguesía a absorber la propaganda moralista surge de sus propias condiciones de existencia. Tratase, por lo general, de una clase desligada del esqueleto de toda sociedad: la producción. Al revés de lo que ocurre con los burgueses industriales y el proletariado, su actividad se despliega en el terreno de la superestructura. Sin experiencia concreta de las causas y condicionantes reales, tiende a suplantar la consideración objetiva de los fenómenos por «sistemas» ideales. A la sociología antepone la especulación ética. Hemos visto, por ejemplo, que la corrupción burocrática es inherente al Estado burgués. El teórico de la clase media ignora este hecho, y la interpreta como una enfermedad moral, como una libre elección entre alternativas posibles, en el sentido de la más perniciosa.

Esta tendencia al subjetivismo idealista es reforzada por la atomización de las clases medias, las cuales, en contraste con el proletariado, carecen de la estructura y organización colectivas que dan la gran industria y los sindicatos. La clase obrera busca en la lucha gremial, en la elevación de la clase en su conjunto, satisfacción a los problemas individuales de sus componentes. Su realismo es esencialmente colectivista. El pequeño burgués finca su elevación en la competencia, es decir, en su actividad individual. Al voluntarismo práctico de la clase corresponde el voluntarismo ético de sus teóricos. Ambas tendencias, la subjetiva y la voluntarista, se conjugan para provocar una visión ética de los fenómenos sociales, envolviendo con la nube del moralismo las fuerzas que condicionan el hacer individual de los hombres, los partidos y los gobiernos.

Por otra parte, un sector importante de la clase media vivió durante décadas como parásito del sistema oligárquico. Cuando el país era una estancia y Buenos Aires su desagüe hacia Europa, algo de la renta nacional derivaba hacia esa clase media de empleados públicos y de empresas imperialistas, pequeños comerciantes y horteras, rentistas, tenedores de cédulas, jubilados del gobierno y de servicios públicos, que constituían el sistema conjuntivo del aparato oligárquico, y que, junto a los profesionales de todo tipo y pelambre, eran la aristocracia barrial de la ciudad-puerto.

Lectora de «Clarín» y «La Nación», admiradora de oídas de cuanto figurón oligárquico circule, inmersa en el «somos un país agrícola-ganadero» y electora a ratos de diputados «socialistas», esta clase media entra en el nuevo período sin comprender nada, y observa que sus «privilegios de pobras», su estabilidad relativa en un país que a diez cuadras del centro erigía las latas de Villa Desocupación, se eclipsa ante una clase obrera industrial poderosa en política y sindicalmente organizada, que goza de buenos salarios hasta el punto de eliminar los antiguos desniveles. Celosa de su «categoría», no admite un cuello duro ni un juego de comedor por debajo de sus pies; y lo que más la indigna es ver a un «cabecita» ganando lo que ella, vistiendo dignamente, comiendo todos los días. Si en la nueva burguesía ve una cáfila de aventureros enriquecidos, en el proletariado encuentra a los cómplices políticos del «saqueo». Este moralismo expresa en fórmulas «elevadas» la sorda indignación por «tener que cuidarse de las sirvientas».

El tema del moralismo en la política argentina es parte de la táctica oligárquica de dividir el frente del pueblo, aislando a sus sectores más revolucionarios y consecuentes -el proletariado y las masas pobres del interior- de la pequeña burguesía urbana y rural. Esta táctica utiliza las inconsecuencias de una jefatura política transitoria, para descalificar en su conjunto al movimiento de las masas, y manchar sus banderas de lucha. Al mismo tiempo, presenta al conglomerado opositor como ejemplo de pulcritud moral, espíritu democrático y eficiencia económico-administrativa.

Ya hemos visto cómo la clase media es arrastrada a pactar con la aristocracia y sus personeros, a través de fáciles demagogos como la jefa de la Coalición Cívica y el Hijo Pródigo. No obstante, la contradicción entre la pequeña burguesía y el proletariado, por momentos tan áspera, no es esencial sino el resultado de contingencias históricas. El yugo oligárquico exprime al país en su conjunto, y no es la clase media, por cierto, la que saldrá mejor parada de esta tentativa de imponer a los argentinos una nueva década infame. Más que las palabras, confiamos en la experiencia colectiva; más que en nuestros discursos sobre la moral hipócrita y la mentida «democracia» de estos dignos descendientes de la emigración unitaria, serán –si es que triunfan- sus actos de gobierno los que se encargan de disipar equívocos, y mostrar quiénes son los amigos, y dónde están los explotadores.

La restauración oligárquica que se pretende imponer y que agravará sin resolverlos todos los problemas argentinos, producirá su antítesis, en la que los trabajadores tendrán la última palabra.

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Nota del autor: El texto es una adaptación con ligeras variantes y aggionarmiento de ciertos nombres del publicado en 1956 por Jorge Enea Spilimbergo, “El Moralismo: Utilización oligárquica de la clase media”, como apéndice de su libro “Nacionalismo Oligárquico y Nacionalismo Revolucionario”.

Imágen: Tijolaço.com

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