Lo que vendrá: El error de Orwell

Inquietantes noticias llegan desde los países serios, sobre todo porque son debates que en no mucho tiempo más se darán por estas sufridas pampas. Leemos que en Canadá su AEA, que incluye a poderosos grupos lobbystas como the Canadian Chamber of Commerce, the Canadian Marketing Association, the Canadian Wireless Telecommunications Association and the Entertainment Software Association of Canada, sobre la fecha de cierre para presentar comentarios y/o sugerencias para el proyecto de regulaciones anti-spam han presentado un extenso documento que -de ser aceptado- obtendrían mucho más de la citada ley. Los grupos adoptaron radicalizadas interpretaciones  de la ley para defender masivos agujeros negros sujetos a su propia interpretación o por la demora indefinida de varias disposiciones. En lo que parece ser una nueva versión pero mejorada y legal del escandaloso affaire Sony y su protección contra copias de CD’s musicales -que sin el consentimiento del usuario silenciosamente instalaba un rootkit que dejaba inutilizada la PC al tratar de removerlo- vuelve a aparecer la “necesidad” de permitir la vigilancia encubierta de los usuarios por parte de los propietarios de derechos de autor. En el 2009 presionaron fuertemente para que se eliminase o al menos se dejase en el limbo de las libres interpretaciones los siguientes puntos de la ley anti-spam:

8. (1) Una persona no debe, en el transcurso de una actividad comercial, instalar o promover que se instale un software en el sistema informático de cualquier otra persona o, en caso de haberlo instalado de cualquier modo o causado a ser instalado un software, el mismo provoque el envío de un mensaje electrónico desde ese sistema, a menos que:
(A) la persona haya obtenido el consentimiento expreso del propietario o usuario autorizado del sistema informático y cumpla con la subsección 11 (5), o
(B) la persona está actuando de conformidad con una orden judicial.

La ley agrega varios pliegues a estos requerimientos generales, incluyendo la necesidad de una descripción clara y contundente de la funcionalidad del software en ciertas circunstancias (incluyendo la recolección de datos personales, cambios en las configuraciones del usuario o interferir con el control de los usuarios sobre sus propios sistemas) y las excepciones para programas tales como cookies, código HTML y javascript. Los mencionados pesos pesados ahora están exigiendo que el gobierno debe revisar estos requisitos. Su método preferido es matar simplemente todas estas disposiciones para subsumirlas al arbitrio de un Organo de Revisión (integrado por expertos lobbystas  “independientes”), que se dice podría ser un grupo de trabajo u otro tipo de consulta pública, antes de que entre en vigor. En otras palabras, a pesar del considerable debate y aprobación de esta disposición por parte de los parlamentarios de todos los partidos políticos, estos grupos del gremialismo empresarial todavía quieren colocarla en el limbo legislativo. Alternativamente, quieren que al menos diez tipos de software sean excluidos del requisito del consentimiento expreso por parte de los usuarios. El primer tipo debería hacer saltar todas las alarmas:

un programa que se instala por o en nombre de una persona para prevenir, detectar, investigar o poner fin a las actividades que la persona cree razonablemente que (1) presentan un riesgo o amenaza del uso de seguridad, privacidad o no autorizado o fraudulento de un sistema informático , servicio de telecomunicaciones, o la red, o (2) implica la violación de cualquier ley de Canadá, de una provincia o municipio del Canadá o de un Estado extranjero.

Esta disposición efectiva legalizaría el spyware en Canadá en nombre de estos grupos. El alcance potencial de la cobertura es impresionante: un programa de software instalado secretamente por una compañía de software de entretenimiento diseñado para detectar o investigar supuestas infracciones del copyright estarían cubiertos por esta excepción. Esta excepción podría cubrir los programas diseñados para bloquear el acceso a ciertos sitios web, los intentos de acceder a las redes inalámbricas sin autorización, o incluso los programas de seguimiento de los usuarios desprevenidos como son los keylogger que registran toda actividad que se realice sobre la computadora donde se haya instalado el programa. Velar por el cumplimiento de la ley es importante, pero previendo su aplicación a través de spyware sin la intervención de los tribunales, las autoridades legales y el debido proceso debe ser absolutamente rechazada por constituir una intromisión inadmisible en la privacidad de los usuarios a manos de entes privados. La Cámara de Comercio de Canadá y otros grupos empresariales quieren asegurarse de que la ley anti-spam no bloquee su capacidad de instalar software espía en secreto en las computadoras personales para una amplia gama de propósitos. De este modo, estos grupos están proponiendo dar vuelta la ley como una media para que pase de defender a los consumidores a defender a las corporaciones.

Y ya vemos un principio de todo lo antedicho por aquí: El Grupo Clarín junto al think-tank de la derecha más cerril que funge bajo la denominación de Universidad Austral (perteneciente al Opus Dei) lanzarán en el mes de abril la primera edición de una Maestría Regional de Propiedad Intelectual.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

top