Por el retorno del estado empresario

Mapa de la red ferroviaria argentina, antes y después de las concesiones

...difícilmente se encontrará otro problema en que deliberada e inconscientemente, hayan sembrado tanta confusión los representantes de la ciencia, la filosofía, la jurisprudencia, la economía política y el periodismo burgueses como en el problema del Estado. Todavía hoy es confundido muy a menudo con problemas religiosos; no sólo por los representantes de doctrinas religiosas (es completamente natural esperarlo de ellos), sino incluso personas que se consideran libres de prejuicios religiosos confunden muy a menudo la cuestión especifica del Estado con problemas religiosos y tratan de elaborar una doctrina -con frecuencia muy compleja, con un enfoque y una argumentación ideológicos y filosóficos- que pretende que el Estado es algo divino, algo sobrenatural, cierta fuerza, en virtud de la cual ha vivido la humanidad, que confiere, o puede conferir a los hombres, o que contiene en sí algo que no es propio del hombre, sino que le es dado de fuera: una fuerza de origen divino.

Lenin, Sobre el Estado

En los países del capitalismo dependiente el papel del Estado en sectores estratégicos de la economía es indelegable; la “burguesía nacional” –un oxímoron- solo se asume como furgón de cola de la división internacional del trabajo. Puede en algunos momentos históricos asumir posiciones independientes, como durante la 2ª Guerra Mundial, cuando las relaciones con las metrópolis imperiales estaban cortadas por una circunstancia excepcional como la descripta y entonces se lanzaron a un tímido proceso de industrialización donde volcaban los excedentes de su principal actividad agropecuaria y con la misma lógica que es la de alta rentabilidad con mercados protegidos pero en cuánto estas se normalizaron asumieron otra vez el rol que sus patrones mundiales les ha designado. Así y todo, aún con estas condiciones favorables, la cuantiosa inversión en infraestructura y en sectores que hacen a la soberanía de la Nación corrió por cuenta del Estado; esa lógica –inversión de capital de riesgo y retorno de la misma en un plazo más o menos largo- jamás formará parte del ADN de la burguesía rentística que solo invierte allí donde la ganancia es segura y rápida. Como ejemplo del rol del Estado no está demás mencionar que lo que hoy conocemos como la red troncal de rutas nacionales fue financiada con parte de los excedentes que generaba YPF. Por eso es que todo esfuerzo por recrear el mito de la burguesía nacional chocará con su carácter dependiente; en los últimos años fue bien ilustrativo el caso de la familia Eskenazi. Alentados por el Gobierno a participar en el paquete accionario de la ex Repsol rápidamente abandonaron cualquier atisbo soberano para sumarse a la lógica extractiva seca-pozos de sus patrones del Reino de España. En el libro Todo o Nada de María Seoane hay transcripto un diálogo entre el sociólogo James Petras y Elvio Coelho –presidente de la UIA por entonces- que ilustra muy bien el pensamiento del gran capital dependiente argentino:

James Petras: ”Ya en 1971 me había impresionado un diálogo que mantuve, si mal no recuerdo, con Elvio Coelho, entonces Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Yo le preguntaba porque no se lanzaban a la industrialización como en Brasil”.

Elvio Coelho: Porque los sindicatos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil, contestó.

James Petras: Pero, ¿porqué no lo intentan?

Elvio Coelho: Porque podemos perder,  dijo

Impresiona de hecho como la burguesía rentística argentina entiende a Marx mucho mejor que ciertos discípulos: El papel que Marx le asigna a la burguesía, que es la de llevar el capitalismo al extremo creando como consecuencia a su enterrador -el proletariado- fue muy bien estudiado y comprendido por los factores de poder. Industrialización sí ma non troppo, no al punto donde los sindicatos sean un factor de poder político real y con conciencia para sí, por eso siempre se limitaron a su papel periférico y a acercarse al Estado como protector de sus altas ganancias o alejándose –pero para también servirse de él como guardia pretoriana- cuando la situación y necesidades del capitalismo central así lo requiere. Resumiendo: Dejar a estas “fuerzas del mercado” la creación de empleo y valor se ha demostrado absolutamente erróneo; el Estado no puede ni debe renunciar a esta potestad, no solamente estrictamente ceñido a cuestión de intereses estratégicos sino que, al intervenir en el mercado del empleo como un competidor más presiona al resto de los actores a no incurrir en su lógica de hierro bajos salarios-superexplotación.

La reestructuración económica y social producida en la Argentina en los años noventa tuvo como uno de sus principales ejes a la política de privatización de empresas públicas. Dicha reestructuración dio lugar en los años siguientes a nuevas temáticas como, entre otras, la regulación de las empresas de servicios públicos, la nueva dinámica de comportamiento adquirida por las empresas líderes, la concentración económica, la centralización del capital, etc. Uno de los principales impactos de las reformas fue el notable deterioro que se registró en el mercado de trabajo, donde las privatizaciones cumplieron un papel clave. A partir de mediados de la década de 1970, el papel empleador del estado comenzó a deteriorarse y cobró auge el estado subsidiado o contratista a través de mecanismos como la promoción industrial. En efecto, comienza entonces un proceso de privatización del empleo público en paralelo con una disminución del volumen de ocupación de las empresas estatales, en parte debido a la escasez de la inversión pública. Ello produjo la caída de la ocupación en las empresas y constituyó una de las principales causas del estancamiento del nivel de empleo en el conjunto del sector público nacional. La reducción del empleo público significó, en el sector de empresas públicas, una tasa negativa de más del 5% para el quinquenio 1975-1980. Lo característico de este hecho fue que, mientras la reducción anterior (producida entre 1958-1962) fue gradual, la que se produjo entre 1976-1983 fue de tipo shock recayendo todo su impacto en el primer año (-10,6%); la incidencia de las Empresas del Estado era muy significativa en el volumen del empleo estatal ya que absorbía entre el 36 y el 45% del total.

Durante el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem se enviaron al Congreso Nacional  los proyectos de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica. En la primera se estableció, entre otras medidas, que las empresas públicas podían ser privatizadas mediante decretos, dando la posibilidad a los acreedores del estado y/o sus empresas de capitalizar sus créditos. Disponía entre otras medidas, los procedimientos para privatizar total o parcialmente o liquidar empresas del estado, establecía preferencias para la adquisición de las empresas; implementaba un Programa de Propiedad Participada para las empresas a privatizar; autorizaba al PEN a declarar nulos los contratos de obra o consultoría aprobados antes de dicha ley. La segunda tenía por objetivo reestructurar el gasto estatal; establecía, además, igual tratamiento al capital nacional y extranjero; la suspensión del régimen de compre nacional; la autorización al PEN para declarar la prescindibilidad de los empleados designados sin concurso, etc. Las consecuencias sobre el mercado de trabajo que produjo el proceso de transición de un modelo de desarrollo proteccionista con fuerte participación estatal hacia un modelo estructurado alrededor de las privatizaciones y apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y capitales fue la pérdida neta de puestos de trabajo asociados con el cambio estructural; por ello, la transformación de la demanda tendrá carácter permanente a menos que se introduzcan cambios de significación en el modelo económico.

Números que asustan

En el período populista conservador iniciado en 1989 llevó los 350.000 ocupados del sector público nacional a 68.000 en 1993, y a 27.500 en 1995. La reducción fue un efecto directo de la privatización de empresas públicas y la desaparición del estado empresario o generador de empleo productivo, puesto que el empleo del sector público nacional total no sólo no disminuyó sino que el agregado (nacional, provincial y municipal) experimentó un crecimiento entre 1989 y  1995 (de 1.827.630 personas a 2.089.684, lo que implica un aumento del 14 %). El empleo de las empresas estatales representaba en 1985 el 36,11% del empleo total del sector público, en 1992 el 21,35% y en 1997 sólo el 6,50% comprendiendo a los entes residuales. La reducción calculada sobre el total del empleo de las empresas de servicios públicos es de casi 70 % entre 1988 (100) y 1998 (31,7).

  • El sector de telefonía, cuya privatización se realizó en noviembre de 1990, redujo a más de la mitad su planta de personal operándose el grueso de la disminución entre 1990 y 1994 pero manteniendo una tendencia homogéneamente decreciente entre 1988 y 1998. Ello responde, en lo sustantivo, al "trabajo sucio" que realizó el estado consistente en el despido de trabajadores, el incremento de la deuda de la empresas y en el aumento de las tarifas, y, una vez privatizada, las sucesoras privadas (Telefónica - Telecom) que continuaron con la dinámica de los despidos y la tercerización de ciertas actividades de la empresa.
  • La empresa de correo postal disminuye empleos en forma gradual pero con un pico de caída entre 1991 y 1992 luego mantiene la magnitud del empleo hasta la caída de 1997/98 coincidente con la privatización.
  • La empresa estatal de aeronavegación incorporó empleados en forma gradual hasta 1990 cuando se produjo la privatización y comenzó el proceso de expulsión de personal agudizado entre 1991 y 1993, cuando el índice pasa de 91 a 59 puntos para finalizar en alrededor de los 47 puntos. Puede verse que los despidos se produjeron una vez privatizada la empresa en noviembre de 1990.
  • El comportamiento de la empresa de aguas y cloacas, privatizada en diciembre de 1992, es diferente debido a lo temprano de la primera reducción que se opera entre 1989/90 e involucra 10 puntos del índice, mientras el resto de las empresas aún no había despedido trabajadores en esta magnitud. La reducción es previa a la privatización y la siguiente reducción fuerte se produjo entre 1994 y 1997, posterior a la privatización, cuando el índice muestra una caída del 83% al 42%.
  • El sector de energía eléctrica, cuyo traspaso al sector privado se produjo en julio de 1993, generó la fuerte reducción entre 1992 y 1993 llevando el índice de 86,8% a 50,5%. El período de la reducción coincide con la del sector de aeronavegación, pero se mantiene posteriormente la tendencia decreciente aunque con mucho menor intensidad.
  • Los ferrocarriles que se privatizaron a lo largo de 1992 pierden en los primeros seis años de la serie unos 19 puntos de empleo, mientras que en el bienio 91/93 la reducción es de 60 puntos convirtiéndose en la empresa que expulsó la mayor cantidad de trabajadores en el período inmediatamente anterior a la privatización. De esta manera, a partir de 1993 el nuevo piso de la serie se encuentra alrededor de los 20 puntos.
  • El sector gasífero hasta 1992 -año en que se privatizó- incorporaba trabajadores, situación coincidente con los sectores de aeronavegación y electricidad. Empero entre 1992 y 1993 se produce una caída del empleo de alrededor de 50 puntos, con lo cual se convierte en la reducción más tardía pero más pronunciada de la serie. Sólo el sector eléctrico muestra una caída similar en tiempo e intensidad.

La disminución del volumen de empleo se produjo fundamentalmente entre los años 1991 y 1992, que en muchos casos es el período previo a la privatización. Cabe aclarar que las empresas una vez declaradas "sujeta a privatización" pasaron inmediatamente por un período de reestructuración consistente, entre otros, en programas de "racionalización" del personal llevados a cabo por el estado. En casos como Entel y FF.AA dicho proceso fue acompañado también por importantes cambios en las condiciones laborales, como es el incremento en la duración de la jornada de trabajo. En efecto, la reducción al mínimo de los planteles, avalado por las políticas del estado neo-colonizado, fue una constante previa a la toma de posesión de las empresas por parte del sector privado. El estado no sólo respaldó la política de expulsión de empleados que conllevó el proceso de privatizaciones, sino también las políticas referidas al aumento de tarifas y empeoramiento de las condiciones laborales posteriores a la privatización de las empresas prestatarias de servicios públicos.

Y para finalizar lo más importante, que es la relación directa entre la pulverización del empleo estatal y la tasa de desempleo general; la simultaneidad de la reestructuración del estado empresario mediante la "racionalización" del personal, "retiros voluntarios", jubilaciones anticipadas, cesantías y liquidación de entes contribuyó en el mediano plazo al aumento de la desocupación. La feroz caída del empleo de las empresas públicas entre 1990-1993 que reducen en absoluto más de 110.000 puestos de trabajo, y por otro -a partir de 1992- la tasa de desocupación, que no había superado hasta entonces los ocho puntos porcentuales, comenzó una escalada que alcanzó los 18 puntos. Las empresas de servicios públicos aportaron con 2,3 puntos aproximadamente a ese incremento. Una parte del efecto fue observado con cierto retraso debido a la efímera reconversión productiva a la que dio lugar el pago de indemnizaciones que permitió al personal cesanteado iniciar actividades por cuenta propia. De esa manera se contuvo parcialmente la escalada de la tasa de desempleo hasta 1993 cuando el agotamiento de los recursos volcó masivamente al desempleo al grueso de los indemnizados. La situación de desempleo se vio agravada por la ausencia de políticas destinadas a orientar a los empleados desvinculados de las empresas a invertir los ingresos derivados de dichas indemnizaciones; el resultado fue la dilapidación de los recursos en actividades cuentapropistas sin futuro y de nulo valor agregado (remises, kioskos y otros pequeños negocios) que se agotaron en un plazo relativamente corto y dio lugar a verdaderas hecatombes sociales en ciertas zonas del país. Como ejemplo, en la ciudad de San Nicolás donde está ubicada la planta de SOMISA entre 1992 y 1993 habían iniciado alguna actividad comercial de servicios 710 establecimientos y en ese mismo período habían cesado en su actividad 442.

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