El fallo de la Cámara Federal que condenó al almirante Horacio Zaratiegui a un año de prisión y al pago de cien millones de australes por daño moral al profesor Alfredo Bravo, secuestrado y torturado durante la dictadura militar, llega con cinco años de retraso, que mortificaron al Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Zaratiegui, con la intención de ayudar a los ex comandantes juzgados en 1985 y desacreditar los testimonios en su contra, afirmó que Emilio Massera había intercedido por la libertad de Bravo y le había concedido a él y a su esposa empleos en el Ministerio de Bienestar Social. Esa manifestación, dice el voto del camarista Mario Gustavo Costa, al que adhirió su colega Horacio Cattani, “no resiste el menor análisis”. Añade que Bravo había obtenido por concurso un cargo como inspector de Recaudación Previsional, antes de su secuestro, del que fue cesanteado por el gobierno de Massera, y que su esposa, con 25 años de antigüedad como maestra, había ganado por concurso la vice dirección de una escuela, antes incluso del golpe militar.
Costa agrega que Zaratiegui aseveró voluntariamente hechos falsos. “Bravo mantuvo durante esos años una publica actitud de critica a los actos del gobierno militar, en particular a través de sucesos vinculados a docentes y problemas educativos, circunstancia que le valió largos meses de detención. Todo ello torna ciertamente improbable la suerte de traición a sus convicciones y actos públicos que le achacó el querellado, sin hablar de lo inverosímil que resultaría el intento de conciliar en el plano de las políticas educativas las orquestadas por el Proceso y las que Bravo defendía, puesto que la pretendida colaboración se habría prestado en esa materia”. Según la Cámara, “no caben dudas respecto del detrimento en la honra y prestigio de una persona comprometida por ideales como los perseguidos por el Profesor Bravo que irrogan afirmaciones falsas sobre su actuación, máxime cuando se las relaciona con los momentos aciagos para la vida nacional en que se habrían producido esas conductas”.
Alfredo Bravo lloró al conocer la sentencia. “Son pavadas de un viejo socialista, que no tiene otro bien que su conducta de toda una vida”, se disculpa. La defensa de la honra y el buen nombre de cada uno sólo puede parecer una pavada en el clima descompuesto de una sociedad en la que un secretarios de Estad pretendió que no podía existir un denunciado cohecho porque el negocio era por menos de medio millón de dólares.
Los dos jueces de la Cámara que condenaron a Zaratiegui son de origen peronista. Costa, además, tuvo una larga militancia nacionalista, de estrella federal y reverencia a Don Juan Manuel. Su reconocimiento a la trayectoria ética del socialista Bravo es un símbolo auspicioso para la lenta, dolorosa y a menudo exasperante construcción de un sistema democrático en la Argentina.
Horacio Vervitsky, 14 de Marzo de 1991
del libro “Hemisferio Derecho”
1998 © Editorial Planeta
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